* Este artículo forma parte del proyecto de investigación “Cambios e innovaciones
sociales: España y el Perú, de la crisis del Imperio transoceánico al Estado liberal”.
El peso de la ley:
la política hacia los españoles
en la independencia del Perú (1820-1826)*
The wrath of the law. The politics towards the Spaniards
in the Independence of Peru (1820-1826)
Ascensión Martínez Riaza
Universidad Complutense de Madrid
amriaza@ghis.ucm.es
Fecha de presentación: 24 de abril de 2015
Fecha de aceptación: 3 de octubre de 2015
Artículo de investigación
Procesos: revista ecuatoriana de historia, n.º 42 (julio-diciembre 2015), 65-97. ISSN: 1390-0099
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RESUMEN
La llegada de San Martín al Perú, septiembre de 1820, provocó el
desconcierto entre la población local. En Lima se transformó en
miedo cuando el virrey La Serna abandonó la capital. Iniciaba para
los españoles un tortuoso proceso de connamiento, emigración,
expulsión y secuestro de bienes que se extendió por el territorio
a medida que era controlado por las fuerzas patriotas. En este
contexto, el artículo analiza la política de los distintos gobiernos
independientes a través del estudio del marco legislativo,
las instancias que intervinieron y los mecanismos con los que
se aplicó la normativa. Se hace un estudio comparativo entre distintas
etapas: desde la conciliación inicial de San Martín hasta las medidas
de Bolívar después de la capitulación de Ayacucho.
Palabras clave: independencia Perú, españoles, política,
legislación, emigración, expulsión, secuestro de bienes,
historia política, historia latinoamericana.
ABSTRACT
The arrival of Saint Martin in Perú in September of 1820 provoked
discontent in the local population. In the case of Lima, this was
transformed into a means when the viceroy La Serna abandoned the
capital. For the Spaniards, it was the beginning of long and tortuous
process of isolation, migration, expulsion and conscation of
property that extended throughout the territory as far as it was
controlled by the patriotic forces. In the said context, this article
analyzes the politics of the different independent governments by
studying the legislative framework, the instances that intervened and
the mechanisms that were implemented so as to apply the norms o
polices. The article uses a comparative study between the different
moments in the trajectory that swung from the initial settlement of
Saint Martin to Bolivar measures after the capitulation of Ayacucho.
Key words: Peruvian Independence, Spaniards, politics, legislation,
migration, expulsion, conscation of property, political history,
Latin-American history.
Ascensión Martínez Riaza
Doctora en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, donde
actualmente es catedrática. Investigadora principal de un proyecto sobre la
independencia del Perú desde la perspectiva española, nanciado por el
gobierno de ese país, el cual se centra en las relaciones entre España y Perú en
los siglos XIX y XX. Es editora del libro La Independencia inconcebible. España y
la pérdida del Perú, 1820-1824 (2014) y autora de En el Perú y al servicio
de España. La trayectoria del cónsul Antonio Pinilla Rambaud 1918-1939 (2008),
así como de numerosos artículos en libros y revistas académicas.
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introduCCión
El largo y sinuoso camino hacia la Independencia pasó factura a una
sociedad que se fracturó y polarizó en un proceso en el que conveniencias y
convicciones no siempre fueron factores claramente delimitados. Los realis-
tas, leales al sistema español, pagaron el precio inevitable de una guerra civil
en la que la construcción del país pasaba por denir quiénes eran peruanos
y excluir los que no se integraban y a quienes se enfrentaban, que se convir-
tieron en “reputados enemigos del Estado”.
1
Con el desembarco de la Expedición Libertadora en las costas del Perú el
8 de septiembre de 1820 cundió el desconcierto entre la población de Lima y
regiones aledañas. Cuando el 6 de julio de 1821 el virrey La Serna abandonó
la capital para trasladarse a la sierra ese desconcierto se transformó en temor
ante un futuro incierto. Desde el Protectorado de San Martín a la Dictadura
de Bolívar se abría para los realistas un horizonte oscuro de salida forzada,
expulsión, y secuestro de bienes, que se iría extendiendo por el territorio a
medida que era controlado por los patriotas.
Los gobiernos independientes no actuaron discrecionalmente sino a tra-
vés de una normativa que diferenciaba entre los españoles que “emigraron”,
–aquellos que salieron con el ejército de La Serna o se refugiaron en el Callao
en julio de 1821 y en febrero de 1824 o que abandonaron el Perú cuando las cir-
cunstancias lo permitieron– y los que se vieron obligados a hacerlo por las dis-
tintas leyes de expulsión. Para procesar lo que fue un complejo sistema de leyes
y decretos, bandos y resoluciones, hay que introducir una serie de variables:
1. El trasfondo político en el que se generó la legislación y cómo esta fue
reformulándose en distintas etapas.
2. Las instancias y actores que participaron en su elaboración y ejecución.
En el Protectorado, además de San Martín sobresalió su hombre de conanza,
el ministro Bernardo Monteagudo, promotor, autor y ejecutor de los decretos
más radicales. Desde enero de 1822 intervinieron el Supremo Delegado, José
Bernardo de Tagle, y el presidente del Departamento de Lima, José de la Riva
Agüero. Después, actuaron la Junta Gubernativa y el Congreso Constituyente,
y más tarde lo harían Bolívar y los miembros del Consejo de Estado. La Comi-
1. Como plantea Erika Pani para el caso mexicano, desbaratada la legitimidad de la
monarquía hispánica se resquebrajaron las bases que habían estructurado jerarquías, ima-
ginarios, identidades y pertenencias. Se trataba de redenir la liación de la nueva nación
y el papel que podían tener aquellos que todavía se identicaban con la antigua metrópoli.
Véase Erika Pani, “De coyotes y gallinas: hispanidad, identidad nacional y comunidad
política durante la expulsión de españoles”. Revista de Indias LXIII, n.º 228 (2003): 355-356.
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sión de Secuestros y el Juzgado de Secuestros, así como la Comisión de Vigi-
lancia, fueron las instituciones encargadas de lo concerniente al secuestro de
bienes, siendo la Alta Cámara de Justicia y luego la Corte Suprema las últimas
instancias. Protagonismo especial tendrían Francisco Valdivieso, el primer juez
privativo de Secuestros, y desde el Ministerio de Hacienda, Hipólito Unanue.
2
3. Las medidas que se tomaron, que fueron el connamiento, el aparta-
miento de empleos públicos, la pérdida de libertades, el secuestro de bienes y
la expulsión, se superpusieron porque la emigración y la expulsión llevaban
aparejada la conscación de pertenencias. La naturalización y en un segundo
estadio la ciudadanía se convirtieron en gozne para delimitar quiénes podían
permanecer y quiénes debían abandonar el Perú. Se fue distinguiendo entre
aquellos que acataban las leyes y juraban la Independencia y los “reputados
como enemigos del Estado” que no tenían lugar en el país en construcción.
4. El mapa en que se llegó a aplicar la normativa. Lima, como centro
de poder y de concentración de los españoles, polarizó las actuaciones, que
se extendieron a los departamentos a medida que avanzaban los patriotas.
A diferencia de lo que sucedió en México en que los Estados se dieron sus
propias leyes (si bien las dos principales leyes de expulsión de 1827 y 1829
fueron federales), en el modelo centralista del Perú las leyes se aplicaban en
todo el territorio. En cualquier caso es poco conocida la proyección del marco
legal y normativo en las distintas regiones. Para Piura, Hernández hace un
recorrido general por las leyes del Protectorado e insiste en la fuerza de los
vínculos familiares y de intereses entre peninsulares y piuranos.
3
Durante el
tiempo en que La Serna estableció su gobierno en el Cusco llegaron españo-
les huyendo de “los revolucionarios”, algunos desde lugares tan distantes
como Chile, Nueva Granada y Quito.
4
Tras la victoria de Ayacucho, Agustín
Gamarra asumió la Prefectura del Cusco, y con ella las competencias sobre
la política hacia los españoles. Gamarra se limitó a aplicar la legislación de
Lima que se difundía en el periódico ocial El Sol del Cuzco, y solo ocasio-
nalmente publicaba algún bando para atender a situaciones concretas, por
ejemplo el de 23 de septiembre de 1825 sobre soldados capitulados que va-
2. Unanue estuvo en el cargo de agosto de 1821 a septiembre de 1822; y, de octubre de
1824 a febrero de 1825. Por la responsabilidad última que tuvo el Ministerio de Hacienda,
buena parte de la documentación sobre secuestros de bienes de españoles se encuentra
actualmente en el Archivo General de la Nación del Perú (AGNP), sección de Hacienda.
3. Elizabeth del Socorro Hernández García, La élite peruana y la independencia del Perú:
la lucha por la continuidad en la naciente república (1750-1824) (Lima: Universidad de Piura /
Ponticia Universidad Católica del Perú / Instituto Riva-Agüero, 2008), 324-334.
4. “Documentación Ocial Española, Gobierno virreinal del Cusco, 3”. En Colección
Documental para la Independencia del Perú (CDIP), t. XXII (Lima: Comisión Nacional para el
Sesquicentenario de la Independencia del Perú, 1973), 47-48.
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gaban sin medios para subsistir a los que se debía enviar a trabajar en minas
y obras públicas.
5
No hubo en los departamentos juzgados de secuestros y la
última instancia era la Corte Superior de Justicia.
Aunque no se puede disociar la ley de su cumplimiento, este trabajo
no entra en lo que fue la suerte de los españoles que emigraron, capitula-
ron, fueron expulsados o permanecieron, las circunstancias de su salida, sus
circuitos relacionales, sus trayectorias profesionales y su destino. En los ex-
pedientes conservados en el Archivo General de la Nación y la Biblioteca
Nacional del Perú se hace continua alusión a leyes y decretos, de ahí la per-
tinencia de construir de manera sistemática y contextualizada lo que fue la
política legislativa de los gobiernos independientes. El Protectorado fue la
etapa de mayor intensidad legislativa y operativa. El peso de la ley ocasio-
nó el desmantelamiento de las bases sociales y económicas de los españoles
y produjo su salida masiva de los territorios controlados por los patriotas.
Después se advierte una ralentización progresiva y durante el tiempo en
que Bolívar gobernó el Perú los españoles ya no eran un problema central y
la normativa se concentró en continuar con los expedientes de secuestros de
bienes y en dirimir la suerte de los que se mantenían en el sitio del Callao.
Las disposiciones se publicaban en la Gaceta del Gobierno. Se trata de una
fuente impresa de primera magnitud porque que de manera inmediata y sis-
temática difundía lo concerniente a todo el entramado político administrati-
vo, social y económico sobre el que se fue sustentando al Estado peruano en
construcción. Su seguimiento ha permitido establecer las coordenadas sobre
las que se actuó hacia los españoles así como su peso relativo en relación a
otros asuntos en el tiempo largo, desde el Protectorado a la Dictadura de
Bolívar.
6
5. La consulta del Archivo Regional del Cusco en noviembre de 2013 no tuvo resulta-
dos positivos. El consistente trabajo de Walker sobre el gobierno del Cusco en la temprana
república no atiende a esta cuestión. Véase Charles Walker, De Tupac Amaru a Gamarra.
Cusco y la formación del Perú republicano, 1780-1840 (Cusco: Centro de Estudios Regionales
Andinos Bartolomé de las Casas, 1999).
6. Se llamó Gaceta del Gobierno de Lima Independiente desde su aparición el 16 de julio
de 1821 al n.º 18 del sábado 8 de septiembre, desde entonces pasó a ser Gaceta del Gobierno.
Esta etapa terminó en el t. 3, n.º 54 del sábado 28 de diciembre 1822. El facsímil fue editado
en La Plata, en 1950. Se continuó en la Gaceta del Gobierno del Perú. Período del gobierno de
Bolívar, 1823-1826, editada en Caracas, por la Fundación Eugenio Mendoza, en 1967. La
normativa también se puede consultar en el Archivo del Congreso del Perú y en coleccio-
nes de leyes y decretos, entre ellas la recopilada por José Santos Quirós, Colección de leyes,
decretos y órdenes publicados en el Perú desde su Independencia, vols. 1 y 2 (Lima: Imprenta
de José Masías, 1831-1853), 1831 y 1832. Para las proclamas de San Martín, antes de la
publicación de la Gaceta del Gobierno de Lima, véase “Epistolario y obra gubernativa de San
Martín, 2”. En Colección Documental de la Independencia del Perú, t. XIII (Lima: Comisión
Nacional para el Sesquicentenario de la Independencia, 1976).
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Ramos Núñez y su estudio sobre la obra legislativa de San Martín es el
referente más cercano al propósito de este trabajo, y en un espectro temporal
más amplio Basadre, que conjuga el marco legislativo con el contexto llegan-
do a rastrear el proceso hasta la década de 1840.
7
Puntualmente, Flores Galin-
do alude a la persecución hacia los españoles y menciona algunos ejemplos a
través de documentación del Juzgado de Secuestros.
8
Antes, Anna había ar-
mado el cuadro más completo incorporando al contexto un vasto abanico de
situaciones y medidas y una prolíca información concerniente sobre todo a
la élite.
9
Sobre esta base, Ruiz de Gordejuela elaboró su investigación sobre
la salida de la élite virreinal, ocupándose principalmente de cuál fue el des-
tino y actividades de algunos de sus integrantes una vez que abandonaron
el país.
10
Rizo-Patrón atiende a lo que sucedió a la nobleza, mientras que los
comerciantes del Consulado son objeto de atención de Mazzeo.
11
O’Phelan
ha abierto una línea innovadora en la que se preocupa por los efectos de la
política del Protectorado y en los peninsulares que decidieron permanecer
en el Perú a través de la naturalización y el matrimonio con mujeres locales.
12
Amadori ha trabajado sistemáticamente los fondos del Juzgado de Secues-
tros para componer los procesos seguidos en Lima entre 1821 y 1822.
13
7. Carlos Ramos Núñez, “La obra jurídica del Libertador José de San Martín en el
Perú”. Cuadernos de Historia, n.º 21 (2011): 153-190. Jorge Basadre, Historia de la República del
Perú, 1822-1933, t. I (Lima: Universitaria, 1983), 151-153.
8. Alberto Flores Galindo, Aristocracia y Plebe, Lima, 1760-1830 (Lima: Mosca Azul,
1984), 209-229.
9. Utiliza documentos del Archivo General de Indias y da un salto en el tiempo desde
el Protectorado hasta el sitio del Callao. Véase Timothy Anna, La caída del gobierno español
en el Perú. El dilema de la Independencia (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 2003 [1979]),
233-310.
10. Jesús Ruiz de Gordejuela, “La salida de la élite virreinal del Perú: sacerdotes, fun-
cionarios y comerciantes, 1821-1825”. Revista de Indias 66, n.º 237 (2006): 453-472.
11. Paul Rizo-Patrón, “Las emigraciones de los súbditos realistas del Perú hacia Es-
paña durante la crisis de la Independencia”. En La independencia del Perú. De los Borbones a
Bolívar, ed. por Scarlett O’Phelan, 407-428 (Lima: Ponticia Universidad Católica del Perú
/ Instituto Riva-Agüero, 2001). También Cristina Mazzeo de Vivó, Gremios mercantiles en
las guerras de Independencia. Perú y México en la transición de la Colonia a la República, 1740-
1840 (Lima: Instituto de Estudios Peruanos / Banco de Reserva del Perú, 2012), 175-206.
12. El Archivo Histórico de Marina y el Archivo de la Municipalidad de Lima con-
signan la continua salida de realistas, preocupándose por su adscripción social y por las
redes familiares que tejieron y que se quebraron en el proceso. Véase Scarlett O’Phelan,
“Sucre en el Perú: entre Riva Agüero y Torre Tagle”, La independencia del Perú…, 379-406;
y, de la misma autora, San Martín y su paso por el Perú (Lima: Fondo Editorial del Congreso
del Perú, 2010), 36-50.
13. Arrigo Amadori, “Tendrá la patria el consuelo de gozar de dichos bienes. Denun-
cia y secuestro de las propiedades de los españoles migrados de Lima (1821-1822)”. En
Vaivenes del destino. Migrantes europeos y latinoamericanos en los espacios atlánticos, coord.
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En otros escenarios americanos, el caso de México sobresale como el más
tratado. Entre los estudios pioneros están los de Flores Caballero y Sims.
14
Sobre sus avances, Ruiz Gordejuela se propone un doble objetivo: identicar
al mayor número de españoles que salieron de México antes y después de las
leyes de expulsión y adentrarse en el drama humano.
15
En otra dimensión,
Pani examina el esfuerzo de ciertos sectores de la clase política en la primera
década de vida independiente por denir la identidad nacional frente a lo
español, estableciendo las fórmulas de inclusión y exclusión.
16
León Mata-
moros ha subrayado cómo la legislación fue producto tanto de la reacción
contra los españoles como de las dinámicas internas y establece el contra-
punto entre el discurso hostil hacia los españoles, las leyes y su aplicación.
17
Para Chile, Chambers ha tomado como hilo conductor las coordenadas de
la política de los gobiernos independientes, mientras Cárdenas se preocupa
por la situación de los emigrados, especialmente cuál fue el destino de sus
bienes.
18
El Río de la Plata ha sido estudiado, entre otros, por Galmarini, León
por Concepción Navarro Azcue, Gustavo H. Prado y Arrigo Amadori (Madrid: Polifemo,
2014), 181-223.
14. Ambos trataron el problema desde la perspectiva mexicana y se preocuparon por
los españoles, los términos de la salida y las consecuencias tuvo para México la pérdida de
su experiencia y capitales. Flores Caballero busca las razones políticas de la legislación y
su aplicación; Sims ha ido ampliado sus objetivos en sucesivas publicaciones centradas en
las razones políticas de la expulsión y cómo los liberales instrumentalizaron los intentos
de reconquista de España para forzar la salida de los españoles que permanecían y hacerse
con los puestos que ocupaban. Véase Romeo Ricardo Flores Caballero, La contrarrevolución
en la Independencia. Los españoles en la vida política, social y económica de México (1804-1838)
(México: Colegio de México, 1969); Harold D. Sims, La expulsión de los españoles de México,
1821-1828 (México: Fondo de Cultura Económica, 1974) y The Expulsion of the Spaniards,
1821-1836 (Pittsburgh: University of Pittsburg Press,1990).
15. Jesús Ruiz de Gordejuela, La tragedia del exilio: la expulsión de españoles de México y
su destino incierto, 1821-1836 (Sevilla: Escuela Estudios Hispanoamericanos-CSIC / Dipu-
tación Provincial / Universidad de Sevilla, 2006).
16. Pani, “De coyotes y gallinas…”, 355-374.
17. María Graciela León Matamoros, “El desamparo como argumento: mujeres en de-
fensa de padres, esposos e hijos ante la ley de expulsión de españoles de 1829 en México”.
Amérique Latine Historie et Mémoire. Les Cahiers ALHIM, n.º 17 (2009), http://alhim.revues.
org/3160; María Graciela León Matamoros, Del discurso exaltado a la actuación indulgente.
Debate y aplicación de las leyes de expulsión de españoles en México, 1827-1833 (México: Bene-
mérita Universidad Autónoma de Puebla, 2011).
18. Sarah Chambers, “The End of the World and Back: Emigrés during the Chilean War
of Independence from Spain” (ponencia del panel “Chile in circulation: Transnational His-
tories of Politics, Annual Meeting of the American Historical Association), Nueva Orleans, 6
de enero de 2013. Agradezco a la autora por haberme permitido consultar su trabajo inédito;
Mario Cárdenas, “Consecuencias económicas y sociales del proceso de emancipación en
Chile: El caso de los secuestros de bienes a patriotas y realistas, 1813-1853” (tesis de docto-
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Matamoros y García de Flöel. Galmarini se centra en las medidas que obli-
garon a miembros de la élite española, especialmente comerciantes, a salir
de Buenos Aires; León Matamoros intenta establecer una comparación entre
México y Buenos Aires a pesar de las grandes diferencias que los separaban;
García de Flöel proyecta su investigación a varias provincias rioplatenses
tomando como variable de análisis la actitud asumida por los españoles ante
el cambio político.
19
de la ConCiliaCión de san martín
al radiCalismo de monteagudo
“Vuestra suerte está ligada a la independencia de la América”. Así se di-
rigía San Martín desde Santiago de Chile a los limeños y habitantes de todo
el Perú el 13 de noviembre de 1818, para ofrecerles seguridad y un horizonte
prometedor,
Sensible a los horrores con que la guerra aige a la humanidad, siempre he pro-
curado llenar mis nes del modo más conciliable con los intereses y mayor bien
de los peruanos […]. Españoles europeos: mi anuncio tampoco es el de vuestra
ruina. Yo no voy a entrar en este territorio para destruir, el objeto de la guerra
es el conservar y facilitar el aumento de la fortuna de todo hombre pacíco y
honrado. Vuestra suerte feliz está ligada a la prosperidad e independencia de la
América.
20
Desde septiembre de 1820, en una Lima asediada por tierra y bloqueada
por mar, el gobierno español pasó por cambios y conictos internos que be-
neciaron a los patriotas.
21
La llegada de San Martín coincidió con la recep-
rado, Ponticia Universidad Católica de Chile, Santiago, 1998); Mario Cárdenas, “Comer-
ciantes españoles durante la Independencia”. Revista de Humanidades, n.º 5 (1999): 177-181.
19. Hugo Raúl Galmarini, “Los españoles de Buenos Aires después de la revolución
de Mayo: la suerte de una minoría desposeída del poder”. Revista de Indias XLVI, n.º 178
(1986): 561-592; María Graciela León Matamoros, “El conicto de los españoles ante el
proceso de emancipación. Los casos del Río de la Plata y México en los albores del siglo
XIX”. Anuario del Instituto de Historia Argentina, n.º 10 (2010): 15-36; Maricel García de Flöel,
La oposición española a la revolución por la independencia en el Río de la Plata entre 1810 y 1820:
parámetros políticos y jurídicos para la suerte de los españoles europeos (Hamburg: Verlag, 2000).
20. “La Expedición Libertadora, 2”. En CDIP, VIII (Lima: Comisión Nacional para el
Sesquicentenario de la Independencia, 1971), 506-509.
21. Para el seguimiento de la etapa nal del gobierno español véase Anna, La caída
del gobierno español…; Brian Hamnett, Revolución y contrarrevolución en México y el Perú.
Liberales, realistas y separatistas, 1800-1824 (México: Fondo de Cultura Económica, 2011). Se
trata de la versión revisada de Revolución y contrarrevolución en México y el Perú. Liberalismo,
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ción por el virrey Joaquín de la Pezuela de las instrucciones para reimplantar
el sistema constitucional restablecido en la Península tras el pronunciamien-
to del coronel Riego en enero de 1820 y proceder a invitar a los disidentes a
negociar sobre la base de la jura de la Constitución de 1812. La manera en
que condujo las conversaciones de Miraores fue uno de los motivos que
llevaron a la decisión de un grupo de ociales de separarle del mando (pro-
nunciamiento de Aznapuquio de 29 de enero de 1821) que entregaron a José
de la Serna. Forzado a una segunda ronda de negociaciones, las de Punchau-
ca, el nuevo virrey ya estaba decidido a abandonar la capital para poder
enfrentarse a los enemigos desde la sierra con mayores recursos económicos
y humanos.
22
En una proclama de 4 de julio de 1821 desvelaba un plan para
que pudieran trasladarse “al Callao o adonde mejor les parezca” aquellos
que así lo decidiesen una vez que los enemigos entraran en Lima. Delegaba
el mando político y militar en Pedro José de Zárate, conde de Valle-Oselle y
marqués de Montemira, que se presentaba a San Martín el 6 de julio como el
jefe autorizado para velar por la población y le pedía que cumpliera con sus
compromisos, especialmente que protegiera a los españoles.
23
La población de Lima bascularía entre las 54.000 y las 80.000 personas,
según las estimaciones de que disponían Pezuela y La Serna.
24
Antes de la
evacuación, La Serna ordenó el traslado de 900 soldados enfermos al Real
Felipe del Callao, de los que morirían al menos 532 debido a las plagas. A
ellos se sumaron aproximadamente 600 refugiados civiles. El “miedo a la
Patria” hizo que peninsulares y algunos americanos trataran de abandonar
el Perú embarcando en buques extranjeros o que se refugiaran en el Callao
realeza y separatismo 1800-1824 (México: Fondo de Cultura Económica, 1978). Julio Albi, El
último virrey (Madrid: Ollero y Ramos, 2009); Marqués de Laserna, José de La Serna, último
virrey español (León: Akrón, 2010).
22. Ascensión Martínez Riaza y Alfredo Moreno Cebrián, “La conciliación imposible.
Las negociaciones entre españoles y americanos en la independencia del Perú, 1820-1824”.
En La Independencia inconcebible. España y la pérdida del Perú, 1820-1824, ed. por Ascensión
Martínez Riaza, 99-211 (Lima: Ponticia Universidad Católica del Perú / Instituto Riva-
Agüero, 2014).
23. Los documentos fueron publicados en El Pacicador del Perú, n.º 11 (Barranca, 20
de julio de 1821).
24. Pezuela noticaba que el 24 de diciembre de 1818 el oidor Juan Bazo le había
presentado el padrón de los habitantes de Lima que le había ordenado levantar, según el
cual había 54.098 personas, de ellas 27.545 hombres y 26.553 mujeres. En Memoria de Go-
bierno, ed. por Vicente Rodríguez Casado y Guillermo Lohmann Villena (Sevilla: Escuela
Estudios Hispanoamericanos, 1947), 398. Por su parte La Serna comunicaba a la Junta de
Pacicación establecida para negociar con los disidentes en vísperas de su salida de Lima,
que el número de habitantes de la ciudad y sus arrabales rondaban los 80.000 habitantes.
“Ocio de La Serna a los diputados de la Junta de Pacicación”, Lima 12 de junio de 1821.
Archivo General de Indias (AGI), Estado 800.
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que hasta el 21 de septiembre de 1821 se mantuvo como un bastión realista.
25
Desde que entró en Lima el 12 de julio hasta la instalación del Protectorado,
San Martín atendió especialmente a la situación de los españoles, diferen-
ciando entre militares y población civil. Sus proclamas fueron simultaneas a
una batería de decretos, órdenes y resoluciones. El primer decreto de 15 de
julio, el mismo día en que se rmaba en el Cabildo el acta de Independen-
cia, se refería especícamente a ociales y otros individuos pertenecientes al
ejército español, a los que ordenaba que se presentaran ante el marqués de
Montemira en el término de 48 horas, dando cuenta de sus graduaciones y el
lugar donde habitaban. Los infractores serían recluidos, y los ociales que no
cumplieran perderían la consideración de tales.
26
Era una medida esperable
después de las confrontaciones bélicas pasadas.
Desde su atalaya protectora, San Martín trató de atajar los brotes de
hispanofobia y dar un margen a los civiles que aceptaran la Independen-
cia. Puesto que había llegado a su conocimiento “con grave atentado a mis
delicados sentimientos y violación de los humanos principios, que algunos
individuos acalorados atropellan, persiguen e insultan a los españoles…”,
en una orden de 17 de julio disponía que “todo aquel que cometiese este
género de excesos, opuestos a la blandura americana, al decoro, y a la buena
y racional educación, sea denunciado al señor gobernador político y militar
de esta capital, para que vericado el hecho, se le apliquen las penas corres-
pondientes a tan reprochable procedimiento”.
27
En un segundo estadio, una vez que hubo comprobado que sus pro-
mesas de amparo y seguridad no habían logrado contener la emigración y
dado que la aportación de muchos de los que había salido era necesaria para
mantener actividades productivas imprescindibles, les daba la posibilidad
de que retornaran con todas las garantías. El 18 de julio rmaba el decreto
que concedía a los emigrados con los enemigos un plazo de quince días para
volver a sus casas y familias. Para que en el ínterin no quedaran “expuestos
sus bienes” se creaba una Comisión formada por el comandante general de
artillería don Manuel Borgoño, el doctor don Manuel de la Fuente Chávez
(que luego sería juez privativo de Secuestros) y don José Ignacio de la Rosa.
25. Arnaldo Mera Ávalos traslada ese clima de desasosiego acudiendo a testimonios
del momento, véase “Cuando la Patria llegó a la capital: el miedo ante el advenimiento
de la Independencia,1820-1821”. En El miedo en el Perú siglos XVI al XX, ed. por Claudia
Rosas Lauro, 185-231 (Lima: Ponticia Universidad Católica del Perú, 2005). Susy Sánchez
presenta una ciudad devastada por el hambre y las enfermedades en “Clima, hambre y
enfermedad en Lima durante la guerra independentista (1817-1826)”. En La independencia
del Perú…, 244-255.
26. “Epistolario y obra gubernativa…”, 328.
27. Ibíd., 330.
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Los encargados de los bienes de los “fugados” deberían dar a esa Comi-
sión razón jurada de los que se hallaban a su cuidado en el término de tres
días desde la publicación del decreto bajo pena de castigo y conscación
de propiedades al que los ocultara.
28
Otra fue su actitud hacia los españo-
les que “alucinados por el temor o seducidos por el gobierno intruso que
cobardemente ha fugado”, se habían refugiado en conventos o se habían
escondido, abandonando sus actividades con el consiguiente perjuicio para
todos. En ese caso ordenaba que toda casa, tienda o bodegón perteneciente a
españoles que en el plazo de tres días no se abriera “se reputaría como bien
del Estado”. Era la primera medida de secuestros, en la que se introducía un
elemento que estaría presente en posteriores disposiciones, la delación, al
incluir que toda persona que denunciara al gobierno a quienes incumplían
el decreto recibiría la tercera parte de los bienes del denunciado, “libre de
temor de que aparezca su nombre”.
29
Paralelamente, para evitar movimientos en contra de la Independencia
San Martín permitía la salida del Perú a todos los americanos o españoles
disconformes. El 21 de julio resolvía que pudieran obtener pasaporte aquellos
“que no se acomodaran a vivir bajo las nuevas instituciones”. Se daba un pla-
zo de veinticuatro días para que lo solicitaran los que residieran en la capital
y de sesenta los que estuvieran en las provincias. El gobierno se ocuparía de
proporcionar los buques necesarios para transportar a sus familias y bienes,
corriendo a cargo de los emigrados el coste del pasaje.
30
Los días siguientes
fueron de preparativos para la proclamación solemne de la Independencia el
28 de julio. El 3 de agosto de 1821 San Martín se otorgaba a sí mismo el título
de Protector, y formaba un primer gobierno con el peruano Hipólito Unanue
como ministro de Hacienda, el neogranadino Juan García del Río, de Gobier-
no y Relaciones Exteriores, y el rioplatense Bernardo Monteagudo, de Guerra
y Marina.
moderaCión y jaCobinismo.
las alternativas del ProteCtorado
La estructura política del Protectorado fue delineada en el Estatuto Pro-
visional de 8 de octubre. La cúpula de poder tuvo a San Martín en el vér-
tice y descansó en los ministros, los presidentes de los departamentos y el
28. Ibíd., 331.
29. Ibíd., Cuartel de la Legua, 19 de julio de 1821, 334.
30. Dado en Lima, a 21 de julio de 1821, 1° de su Independencia, rmado por José de
San Martín, Ibíd., 337-338.
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Consejo de Estado, encargado de deliberar junto al Protector sobre temas
de interés nacional.
31
Se instalaba la Alta Cámara de Justicia, que sería la
instancia superior también para los procesos seguidos hacia los españoles.
32
Poco después, el 25 de octubre de 1821, se producía el primer cambio de
gobierno y Monteagudo se hacía cargo del Ministerio de Gobierno y Rela-
ciones Exteriores en sustitución de García del Río. En los primeros días de
1822 tenía lugar un nuevo reajuste ministerial: Unanue mantenía las riendas
de Hacienda, Tomás Guido era nombrado ministro de Guerra y Marina y
Monteagudo se armaba al frente del Ministerio de Gobierno y Relaciones
Exteriores, y además, por enfermedad de Tomás Guido, asumía la cartera de
Guerra y Marina.
El 19 enero 1822 San Martín dejaba la primera línea del poder argumen-
tando que debía preparar la entrevista prevista con Bolívar y entregaba el
mando a José Bernardo de Tagle, marqués de Torre Tagle, al que nombraba
Supremo Delegado con amplias competencias.
33
A mediados de julio, anun-
ciaba un segundo viaje a Guayaquil que esta vez sí se concretó.
34
Durante
esta ausencia, distintos sectores de la sociedad limeña se movilizaban contra
Monteagudo al que acabarían obligando a dejar sus cargos y abandonar el
Perú, lo que haría el 26 de julio.
35
El 22 de julio era reemplazado al frente del
31. El referente de buena parte de la historiografía es Germán Leguía y Martínez,
Historia de la Emancipación del Perú. El Protectorado (Lima: Comisión Nacional de la Inde-
pendencia del Perú, 1972). Para José Agustín de la Puente Candamo el Protectorado fue el
hito que señaló el nacimiento del Estado peruano, y el Estatuto fue el documento central
que lo organizaba. José Agustín de la Puente Candamo, La independencia del Perú (Lima:
Fondo Editorial del Congreso del Perú, 2013 [1992]), 179-180. Sobre su organigrama y
funcionamiento véase Valentín Paniagua Corazao, Los orígenes del gobierno representativo en
el Perú. Las elecciones (1809-1826) (Lima: Ponticia Universidad Católica del Perú / Fondo
de Cultura Económica, 2003), 274-278.
32. La Alta Cámara de Justicia fue establecida por decreto, el 4 de agosto de 1821,
para ocuparse de la administración de Justicia en los territorios libres. Asumió las funcio-
nes de la Audiencia colonial y sus competencias fueron variando. Quedó desactivada al
establecerse la Corte Superior de Justicia en Lima, el 30 de diciembre de 1824. José Gálvez
Montero, “De la independencia a la consolidación del poder legislativo”. En El Palacio Le-
gislativo, arquitectura, arte e historia (Lima: Fondo Editorial de la República, 2008), 201-241;
Ramos Núñez, “La obra jurídica del Libertador…”, 153-190.
33. En efecto, salió de Lima el 8 de febrero. La Gaceta del Gobierno de 27 de febrero
daba cuenta de su regreso, sin que se hubiera producido el encuentro debido a que Bolívar
cambió de planes por razones estratégicas.
34. Se insertaba la respuesta de San Martín a Bolívar accediendo a encontrarse en
Guayaquil. Gaceta del Gobierno, Lima, 17 de julio 1822, t. 3, n.º 7.
35. Carmen Mc Evoy explica las claves que llevaron a la caída de Monteagudo, entre
ellas, su enfrentamiento con la élite limeña y la extrema dureza hacia los españoles. Entre
los promotores se encontraba Riva-Agüero a quien se adjudicaba la autoría del folleto
“Lima justicada” en que se exponían las razones por las que Monteagudo debía ser de-
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Ministerio de Estado y Relaciones Exteriores por Francisco Valdivieso (que
era entonces juez privativo de Secuestros), puesto para el que fue conrma-
do por San Martín el 22 de agosto de 1822.
36
El Protector reasumía el mando
el 20 de agosto. Eran sus últimos días en el Perú. Tras los sucesos acaecidos
en Lima y el resultado de la entrevista de Guayaquil el centro de la atención
política estaría en la instalación del Congreso Constituyente, cuya convo-
catoria había auspiciado en diciembre de 1821, y que tendría lugar el 20 de
septiembre de 1822.
Las investigaciones han incidido en el duro tratamiento hacia los espa-
ñoles en esta etapa, situando a Monteagudo en el epicentro de las medidas
más radicales.
37
De las promesas de seguridad se pasó a la desconanza y
a la persecución, al connamiento, a la vigilancia policial, al secuestro de
bienes y a la expulsión. Efectivamente, en ese tiempo se construyó el arma-
zón de la legislación que socavaría las bases de la vida económica, social y
política de los españoles y se introdujeron los mecanismos y procedimien-
tos para aplicarla. Inicialmente, San Martín respetó a las élites limeñas de la
que formaban parte peninsulares que estuvieron entre los rmantes del Acta
de Independencia. Les necesitaba para articular su proyecto monárquico y
para que no se distorsionara la actividad económica y la estabilidad social.
38
Durante la segunda mitad de 1821 la presencia del Protector atemperó el
radicalismo de Monteagudo aunque solo en parte, porque San Martín cedió
ante la voluntad de su ministro en medidas que condujeron a la salida y
pérdida de bienes de muchos españoles. Desde enero de 1822 el omnipotente
ministro de Gobierno junto al Supremo Delegado Torre Tagle, y para Lima
el presidente del departamento Riva Agüero, acelerarían el proceso. Para
puesto. Véase Carmen Mc Evoy, “El motín de las palabras: la caída de Monteagudo y la
forja de la cultura política limeña (1821-1822)”. En Forjando la nación. Ensayos de historia
republicana, ed. por Carmen Mc Evoy, 1-60 (Lima: Ponticia Universidad Católica del Perú
/ The University of the South, Sewanne, 1999).
36. Gaceta del Gobierno, Ibíd., 24 de agosto de 1822, t. 3, n.º 18.
37. Monteagudo tenía una larga trayectoria de enfrentamiento contra el poder es-
pañol desde su participación en la Junta de Chuquisaca en 1809, la intervención en los
movimientos radicales del gobierno de Buenos Aires y después, ya con San Martín, en la
liberación de Chile por las armas. Véase Carmen Mc Evoy, “De la comunidad retórica al
Estado-nación: Bernardo Monteagudo y los dilemas del republicanismo en ‘América del
Sud’ 1811-1822”. En Convivencia y buen gobierno: nación, nacionalismo y democracia en Amé-
rica Latina, ed. por José Nun y Alejandro Grimson (Buenos Aires: Edhasa, 2006), 73-100.
38. Es conocida la tesis de Anna de que la Independencia no fue una decisión clara
de los “ciudadanos” de Lima. El Acta de Independencia, rmada por 3.504 personas, no
supuso un consenso general por parte de las clases altas y medias de Lima. Hubo coacción
y conveniencia y para la élite la alternativa fue rmar o huir, y así lo hicieron muchos
peninsulares, dejando atrás sus familias y sus bienes. Anna, La caída del gobierno español…,
236-239.
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Basadre, con la salida de los españoles el Perú perdió parte de su élite con
consecuencias negativas para la economía.
39
Finalmente, la línea jacobina de Monteagudo se fue imponiendo y hay
consenso en adjudicarle la autoría de los decretos más hispanófobos. Se atri-
buye al “furibundo consejero de San Martín” la redacción del de 4 de agosto
de 1821, el primero que regulaba la situación de los españoles. Tras dejar
abierta una puerta a todo aquel que continuara pacícamente en el ejercicio
de su industria jurando la Independencia y respetando el nuevo gobierno
y leyes establecidas, que sería amparado en su persona y propiedades, se
mostraba tajante,
Los que no asen en ella, se presentarán en el término antes señalado a pedir sus
pasaportes, y salir del país con todos sus bienes muebles. Los que permaneciesen
en él, protestando su conanza en el gobierno, y sin embargo trabajasen contra
el orden ocultamente, como tengo noticia lo practican algunos, experimentarán
todo el rigor de las leyes y perderán sus propiedades.
40
A partir de entonces, se ponían en marcha en Lima los secuestros de
bienes, procedimiento establecido por Riva-Agüero el 13 de agosto de 1821.
Las circunstancias de la guerra endurecieron la política hacia los espa-
ñoles, tanto hacia los que habían “emigrado” como hacia los que aún per-
manecían en los territorios “libres”. En los primeros días de septiembre la
noticia de que se aproximaba a Lima el general realista Canterac disparaba
las alarmas. Como medida de precaución, “por considerarla necesaria a la
quietud y a la seguridad de los mismos españoles”, el 3 de septiembre se
ordenaba que todos los peninsulares residentes en la capital, con excepción
de los empleados públicos, se presenten en el Convento de la Merced (que
se convirtió desde entonces en el principal centro de connamiento), en un
plazo máximo de seis horas. Adicionalmente, otros españoles fueron tras-
ladados hacia Ancón. Comisionados nombrados al efecto tomarían razón
individual de todos los connados dirigiendo copia a Monteagudo. Todos
los que incumplieran serían pasados por las armas.
41
No fue hasta después
de que Canterac retornara a la sierra, tras sacar del Callao armas y víveres,
cuando una orden de García del Río y Monteagudo de 18 de septiembre per-
mitía que regresaran a sus casas. Era Riva-Agüero el que debía encargarse
del procedimiento.
42
39. Basadre, Historia de la República…, t. I, 151.
40. Gaceta del Gobierno de Lima Independiente, Lima, 11 de agosto de 1821, t. I, n.º 10.
41. Ibíd., 5 de septiembre de 1821, t. I, n.º 17.
42. Gaceta del Gobierno, Ibíd., 19 de diciembre de 1821, t. I, n.º 21.
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Sin recursos para resistir la capitulación del Callao, era cuestión de días.
Sus cláusulas hacían referencia al destino de los “capitulados” (expresión
que aparece en los documentos del Juzgado de Secuestros), diferenciando
entre militares y funcionarios y población civil. En cuanto a los primeros se
les permitía trasladarse a uno de los puertos intermedios para que se unieran
al ejército realista de Arequipa, pero a ningún otro punto. Los individuos de
la marina española podrían residir en Lima y el Callao hasta que salieran del
Perú, para lo que dispondrían de un plazo de cuatro meses. En cuanto a los
civiles, tras ser censados, podrían sacar libremente sus propiedades, pero
aquellas que se les hubieran enajenado a los que emigraron al Callao cuando
marchó La Serna les serían o no devueltas, según decisión del gobierno. A
todos se les proporcionaría pasaporte y un medio de transporte que ellos
mismos tendrían que costear.
43
El día que capitulaba el Callao, San Martín daba una nueva oportunidad
a quienes quisieran permanecer en Lima,
Volved, pues Españoles habitantes de Lima a vuestras pacícas tareas en el seno
de un pueblo que, como vosotros mismos lo habéis experimentado, es el mode-
lo de la moderación y de la serenidad: dedicaos tranquilamente a ellas bajo la
seguridad de que el Gobierno del Perú, tan amante de la justicia, tan el a sus
promesas, como enérgico y severo cuando la salud de la Patria lo exije, no moles-
tará en el ejercicio de su industria al ciudadano que sepa llevar los deberes que
le imponen las leyes del país donde reside, y merece la protección del Gobierno
bajo el cual vive.
44
Después, Monteagudo daba a conocer que el Protector había cambiado
de criterio y había decidido conscar todos los bienes que se hallaron en las
fortalezas, excepto los equipajes de los ociales e individuos comprendidos
en la capitulación.
45
Una vez incorporado el Callao y asentado el control sobre la capital, el
decreto de 27 de septiembre de 1821, rmado por San Martín y Monteagu-
do, suponía una vuelta de tuerca. Ante la evidencia de que había españoles
que con su conducta comprometían la seguridad de la patria, se ordenaba
que ningún español saliera de su casa “por pretexto alguno” después de la
oración bajo pena de conscación de sus bienes y extrañamiento del país. Se
exceptuaba a los jefes comprendidos en la capitulación y a los empleados
públicos. También a los españoles pacícos y honrados que podían obtener
una papeleta del gobierno. Los ciudadanos podían denunciar al español que
43. Gaceta Extraordinaria del Gobierno, Lima, 20 de septiembre de 1821.
44. Proclama sin fecha. “Epistolario y obra gubernativa…”, 366-367.
45. Gaceta del Gobierno, Ibíd., noviembre de 1821 [sin fecha exacta], t. I, n.º 39.
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encontrasen de noche sin la autorización debida dando parte al comisario de
su cuartel, que adquiría un creciente protagonismo, y seguía siendo el pre-
sidente del Departamento quien se encargaba de la ejecución de la norma.
46
la naturalizaCión y la Ciudadanía,
Criterios de inClusión y de eXPulsión
Como sucedió en otros países de la América española, en el Perú se pro-
mulgaron leyes de naturalización y ciudadanía para incorporar a aquellos ex-
tranjeros que se comprometieran a reconocer la Independencia y acatar las
leyes y para erradicar a aquellos que no lo hicieran. En el proceso de cons-
trucción de la nación peruana se abría a los peninsulares la posibilidad de
integrarse.
47
Para el caso de Chile, Chambers relaciona la “emigración” de los rea-
listas con el proceso de naturalización y ciudadanía desde que un decreto
del gobierno de mayo de 1813 disponía que cualquier europeo que quisiera
detentar un cargo en la administración civil o eclesiástica debía probar su
lealtad solicitando carta de ciudadanía. Tras la victoria patriota de Maipú en
1818 se presionó a los españoles que no se hubieran naturalizado prohibién-
doles contraer matrimonio e incluso recibir o dejar bienes. El siguiente paso
fue la expulsión de los varones solteros no naturalizados. La Constitución de
1823 en el art. 6 denía quiénes eran chilenos y era el Senado el que concedía
la carta de ciudadanía.
48
Pani abunda en este criterio en su tratamiento de
la denición del mexicano frente al español.
49
En México las leyes de expul-
sión se promulgaron tarde, aunque los movimientos contra los gachupines
fueron explícitos desde la rebelión de Hidalgo en 1810. El rechazo por las
instancias del Trienio Liberal del Plan de Iguala de febrero de 1821 y de los
tratados de Córdoba rmados entre Iturbide y el capitán general y jefe polí-
tico superior Juan O’Donojú el 24 de agosto de 1821, supuso un camino de
no retorno. La primera ley de expulsión de 20 de diciembre de 1827 intro-
ducía numerosas excepciones que daban a los españoles posibilidades para
permanecer; la segunda, de 20 de marzo de 1829, se promulgó en un clima
46. Ibíd., 3 de octubre de 1821, t. I, n.º 25.
47. Durante el período colonial, “español” –como estatus jurídico– se refería tanto
a peninsulares como criollos. En el proceso de Independencia se fue deniendo el signi-
cado, y frente a los “americanos” y “peruanos”, los españoles fueron los europeos pe-
ninsulares que se oponían a la libertad de América. Ascensión Martínez Riaza, La prensa
doctrinal en la independencia del Perú, 1811-1824 (Madrid: Cultura Hispánica, 1985), 171-202.
48. Chambers, “The End of the World…”
49. Pani, “De coyotes y gallinas…”, 358.
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de enfrentamiento entre Congreso y Senado y tampoco era extremadamente
restrictiva, y además se aplicó muy limitadamente.
50
La separación de empleos públicos precedió en estos países a las leyes de
expulsión. En Buenos Aires, en octubre de 1810 la Junta acordó apartar a los
españoles de puestos que ya ocupaban, y en diciembre se les vetaba del ejer-
cicio de cargos en el futuro. En enero de 1813 se les separaba de los empleos
sin pensión.
51
Un decreto del gobierno chileno de mayo de 1813 disponía que
cualquier europeo que detentara o quisiera detentar un cargo en la adminis-
tración eclesiástica o civil debía probar su lealtad solicitando carta de ciuda-
danía.
52
En México, la Ley de Empleos de 10 de mayo de 1827 sentenciaba la
destitución de todos los españoles que ostentaran un cargo público, aunque
seguían manteniendo el sueldo, sus propiedades y la pensión.
53
En el Perú primero fue el Decreto de Naturaleza y Ciudadanía de 4 de
octubre de 1821 que establecía criterios generales que luego se irían denien-
do. Podían obtener la naturalización todos los extranjeros que lo solicitaran
y juraran la independencia, establecieran su residencia en el país y ejercie-
ran industria útil. Se comprendía a sus mujeres e hijos menores de 25 años,
siempre que les acompañaran. Las cartas de naturalización se extendían en
papel sellado de 25 pesos. En cuanto a la ciudadanía, podían alcanzarla los
naturalizados mayores de 25 años que supieran leer y escribir, hubieran resi-
dido en el Perú durante dos años y poseyeran propiedad raíz que produjera
500 pesos de renta anual; también los naturalizados “con grado en ciencia
o arte liberal o mecánica o profesión que rindiera 500 pesos anuales”, y los
naturalizados que se casaran con una hija del Perú. Para poder obtener em-
pleos públicos de cualquier clase, había que ser ciudadano. Las cartas de
ciudadanía se extendían en papel sellado de 50 pesos. Quienes obtuvieran
carta de naturaleza y de ciudadanía debían prestar juramento ante los pre-
sidentes de los departamentos comprometiéndose a obedecer al gobierno,
cumplir las leyes del país “y sostener su independencia de toda dominación
extranjera”.
54
Todo el proceso era supervisado por el Ministerio de Gobierno,
es decir por Monteagudo. Más tarde, el Estatuto Provisional de 8 de octubre
de 1821 sancionaba el Decreto sin modicarlo. Desde entonces La Gaceta pu-
blicaría periódicamente listas de españoles naturalizados.
La naturalización se convertía en la llave para que los españoles pudie-
ran permanecer en el Perú. También en la clave que decidía sobre sus bienes,
50. León Matamoros, Del discurso exaltado…, 79-128.
51. Galmarini, “Los españoles de Buenos Aires…”
52. Chambers, “The End of the World…”
53. Sims, La expulsión de los españoles…, 66-67.
54. El decreto estaba rmado por Monteagudo. Gaceta del Gobierno, Ibíd., 13 de octu-
bre de 1821, t. I, n.º 38.
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porque desde entonces aquellos que no se naturalizasen podrían ser expul-
sados y perder sus propiedades según un procedimiento minuciosamente
establecido de cuya ejecución se encargaría el Juzgado de Secuestros, esta-
blecido formalmente el 16 de octubre de 1821. San Martín daba así cumpli-
miento a la sección 7.º del Estatuto Provisional que disponía la instalación de
juzgados subalternos en que se decidieran las causas en primera instancia, y
retomaba lo que había iniciado el 18 de julio cuando formaba una Comisión
para ocuparse de los bienes de los emigrados hasta que se reintegraran a sus
casas y actividades. Al frente de la institución estaba un juez privativo pues-
to que recaía en Francisco Valdivieso, “uno de los individuos que ha servido
en la enunciada comisión, de cuyos talentos y celo por el bien de la Patria,
espero que proceda breve y sumariamente a n de evitar los perjuicios que
resultan así al Estado como a los particulares, en las demoras y prolongacio-
nes de las causas de embargos”.
55
El Reglamento para el Juzgado de Secuestros de 23 de octubre establecía
el marco para su funcionamiento y raticaba a Valdivieso, que sería auxilia-
do por el escribano Gerónimo Villafuerte. El juez trabajaría conjuntamente
con el ministro de Hacienda, y la Alta Cámara de Justicia era la instancia
superior para las apelaciones.
56
Entraban, pues, en plena actividad los ins-
trumentos y el procedimiento para una política de secuestros que se man-
tendría, según Ramos Núñez, hasta 1843.
57
Pronto se introducía un criterio
eminentemente económico para la expedición de pasaportes a quienes no
quisieran naturalizarse y decidieran regresar a la Península. Un decreto de
31 de octubre, rmado por San Martín y Monteagudo, los condicionaba a la
certicación de la Aduana y al informe del Tribunal del Consulado de que
el solicitante no tenía deudas con el Estado, bajo pena de conscación de
sus bienes.
58
También la contribución económica se convirtió en un modo de
categorizar a los que todavía permanecían, una vez que el gobierno solicitó
que hicieran aportaciones acaudalados peninsulares en forma de cupos, em-
préstitos forzosos y otros procedimientos. Todavía antes de delegar en Torre
Tagle, San Martín extendía una circular a los presidentes de los departamen-
tos para que prohibieran a los que no obtuvieran la ciudadanía ser adminis-
tradores o mayordomos de haciendas, “quiere S. E. el Protector no ejerzan
tales destinos los que no hubieran obtenido carta de ciudadanía, haciendo
responsables a los propietarios de la infracción de esta suprema resolución.
55. Lo rmaba también Hipólito Unanue, de quien dependían en última instancia los
secuestros. Ibíd., 20 de octubre de 1821, t. I, n.º 30.
56. Lima, 23 de octubre de 1821. Ibíd., fondo Hipólito Unanue, 27 de octubre de 1821,
t. I, n.º 32.
57. Ramos Núñez, “La obra jurídica del Libertador…”.
58. Gaceta del Gobierno, Ibíd., 31 de octubre de 1821, t. I, n.º 33.
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La circulará V. S. para su puntual cumplimiento a los gobernadores del de-
partamento de su cargo, y cuidará de su exacta observancia”.
59
Sentadas las bases para la permanencia y salida de los españoles, el si-
guiente paso fue diseñar los criterios para la expulsión de los que contravi-
nieran las leyes y atentaran contra la independencia. El decreto central fue
de 31 de diciembre de 1821, todavía con San Martín al frente del Protecto-
rado, que sería perlado en los de 25 de enero y 23 de febrero de 1822 ya
rmados por el Supremo Delegado Torre Tagle y el ministro de Gobierno
Monteagudo. El primer decreto de expulsión, el de 31 de diciembre de 1821,
ordenaba la salida de todos los españoles que no hubieran obtenido carta de
naturaleza, bajo pena de conscación de la mitad de sus bienes en benecio
del erario si no la conseguían en el término de un mes. En un segundo nivel,
los que no fueran ciudadanos en la fecha de 25 de noviembre quedarían
privados de los cargos eclesiásticos, civiles o militares sin derecho a sueldo.
El artículo segundo avanzaba en relación los bienes que se podían sacar del
país, “los que tengan herederos forzosos, solo podrán llevar consigo aquella
parte de sus bienes de que puedan disponer por testamento según las leyes.
Los que sean casados y carecieren de hijos, dejaran a sus mujeres, si por
mutuo avenimiento se quedasen, la tercia parte de sus bienes, otra tercia se
aplicará al Estado y llevarán el residuo de ello”.
60
El límite de salida se establecía en un mes después de la publicación por
bando del decreto en las capitales de todos los departamentos libres y su
cumplimiento se llevó con rigor, como se desprende de los expedientes de
secuestros. El 12 de enero de 1822, ante el elevado número de reclamaciones
que se presentaron, se exceptuaba a los españoles que no hubieran solici-
tado en tiempo la carta de naturalización por falta de recursos o por algún
otro impedimento que pudieran justicar. Y entonces San Martín cambiaba
de actitud: había ofrecido a los españoles incorporarse voluntariamente al
Perú independiente y les había permitido naturalizarse o salir del país con
todas sus propiedades; pero ya deberían marcharse aquellos que “habían
permanecido en la obstinación” y en ocasiones habían conspirado contra el
gobierno.
61
Según Ramos Núñez, esta medida suponía la sustitución de la
personalidad jurídica del propietario por la de sus potenciales herederos,
y subraya su efecto inmediato porque españoles de familias ricas de Lima
fueron sacados de sus casas y obligados a embarcar con destino a Chile.
62
Monteagudo y Torre Tagle bascularían hacia un endurecimiento progre-
sivo. El 25 de enero de 1823, apenas unos días después de recibir el mando,
59. Ibíd., 16 de enero de 1822, t. 2, n.º 5.
60. Ibíd., 2 de enero de 1822, n.º 1.
61. Gaceta del Gobierno, Ibíd., 12 de enero de 1822, t. 2, n.º 4.
62. Ramos Núñez, “La obra jurídica del Libertador…”.
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el Supremo Delegado refrendado por el ministro de Gobierno expedía el que
puede considerarse segundo decreto de expulsión que modicaba el de 31 de
diciembre, de cuya ejecución se encargaba a los presidentes y scales de los
departamentos. Disponía que todo español soltero que no tuviera carta de ciu-
dadanía abandonara el país en el término de un mes, contando desde la fecha
en que se publicara en los departamentos libres dejando a benecio del Esta-
do la mitad de todos sus bienes. Entre tanto no podrían reunirse en ningún
lugar público o privado en mayor número de tres bajo pena de seis meses de
presidio. Se exceptuaba a los ancianos que pasaran de sesenta años, a los en-
fermos que no pudieran emprender viaje sin peligro, y a los que por su “muy
notoria y muy acreditada conducta” merecieran un tratamiento especial. Los
españoles casados con hijas del Perú pero sin ciudadanía serían separados de
sus empleos y no podrían, “tener por sí casas de abasto, pulperías ni fondas a
menos que hayan obtenido carta de ciudadanía”.
63
Para facilitar la ejecución
de la ley el gobierno etaría un buque para el transporte de aquellos que fue-
ran insolventes y no pudieran costearse su pasaje con la mitad de los bienes de
que podían disponer. El decreto sería referente para posteriores disposiciones.
Puesto que la expulsión suponía el secuestro de bienes, otro decreto de 1
de febrero de 1822 establecía el procedimiento a seguir en el que participaban
los comisarios de barrio, los presidentes de los departamentos, el juez de Se-
cuestros y el ministro de Hacienda en una bien estructurada organización en
cadena. La mitad de los bienes de los que en virtud de los decretos anteriores
debían salir del territorio del Estado formaban una sola masa que se pondría
en depósito a disposición del juez privativo de Secuestros. Esos fondos eran
sagrados y no podrían tener otra aplicación que el pago de los intereses de los
capitales que tuvieran en el Consulado las comunidades religiosas, las viudas,
huérfanos y otras personas que tuvieran derecho por su distinguido patriotis-
mo. Los comisarios de barrio pasarían al presidente del departamento en el
término de ocho días una razón circunstanciada de los españoles que debían
salir y de los bienes que poseían, para que este la remitiera al juez de Secues-
tros. Ningún español obtendría pasaporte sin acreditar previamente haber en-
tregado la mitad de sus bienes para que entrara en el fondo indicado. El minis-
tro de Hacienda quedaba encargado de elaborar un reglamento para su admi-
nistración, y el presidente y el scal de velar por su observancia. Se potenciaba
el derecho y el deber que tenían los ciudadanos a denunciar los bienes que
ocultasen los españoles, pero si algún comisario o individuo se extralimitaba
incurriría en la pena de expatriación por atentar contra el honor nacional.
64
63. Gaceta del Gobierno, Ibíd., 26 de enero de 1822, t. 2, n.º 8.
64. Lima, 1 de febrero de 1822, rmado por Torre Tagle, por orden de Monteagudo;
Ibíd., 2 de febrero de 1822, t. 2, n.º 10.
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Aprovechando la primera ausencia de San Martín, Monteagudo aumen-
tó la presión sobre los españoles que aún permanecían en Lima y de nuevo
junto a Torre Tagle implementó el que puede considerarse tercer decreto de
expulsión, el de 23 de febrero de 1822 que desarrollaba el de 25 de enero.
Disponía que todos los españoles solteros que no hubieran salido antes del
25 de febrero se presentaran al día siguiente a los comisarios de barrio para
ser conducidos al convento de La Merced. Ningún ciudadano particular po-
dría aprehender a los españoles y sí dar parte a los comisarios de barrio,
que adquirían importancia creciente, o a cualquier otra autoridad compe-
tente. El presidente del departamento se ocuparía del traslado al Callao de
los connados en La Merced tomando precauciones para evitar su evasión
y asegurándolos contra cualquier acto “que esté en oposición a las miras del
gobierno, y al carácter moderado de este pueblo”. Permanecerían bajo arres-
to hasta que se embarcaran en el buque que eligiesen o en el que el gobierno
preparara a tal efecto.
65
Una circunstancia ajena a la conducta de los españoles enrareció toda-
vía más su situación, la victoria del general Canterac en Ica frente a Domin-
go Tristán el 6 de abril, que fue la razón por la que Monteagudo justicaba
el decreto más cruel de los promulgados hasta entonces, el de 20 de abril,
en el que se contemplaba la pena de muerte. Lo rmaba Torre Tagle y esta-
blecía que ningún español, con excepción de los eclesiásticos, podría usar
capa o capote cuando saliera a la calle debiendo andar a cuerpo bajo pena
de destierro; quedaba prohibida toda reunión de más de dos españoles,
bajo pena de destierro y conscación de bienes. Serían condenados a la
pena de muerte los que salieran después del toque de oraciones y los que
portasen armas, “fuera de las precisas para el servicio de la mesa”. Se ex-
ceptuaba a los que tuvieran carta de ciudadanía o un documento rmado
por el Supremo Delegado. Se constituía una Comisión de Vigilancia que
sancionaría las infracciones en primera instancia que la Alta Cámara de
Justicia conrmaría o revocaría.
66
La severidad hacia los españoles peninsulares contrastó con la sensibi-
lidad que Monteagudo y el Supremo Delegado mostraron hacia las familias
que dejaban atrás, mujeres e hijos, que además eran peruanos. El contra-
punto al decreto de 20 de abril fue el de 16 de mayo que disponía que los
comisarios de barrio en todos los departamentos libres levantaran un censo
de las familias de quienes el gobierno había obligado a salir del país. Acto
seguido, los presidentes departamentales, de acuerdo con las municipalida-
65. Ibíd., 23 de febrero de 1822, t. 2, n.º 16.
66. La Comisión la integraron Francisco Mariátegui, scal departamental, quien la
presidió; Miguel Pascual Fuente Pacheco y Manuel Cogoy. En la función de scal estuvo
José Faustino Sánchez Carrión.
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des respectivas, determinarían cuáles habían quedado en la indigencia y les
entregarían lo que precisaran para su subsistencia.
67
Después se abría un paréntesis en lo que a la normativa se reere que
llegaría hasta el nal del Protectorado. Solo el 3 de agosto se hacía público el
nombramiento de Manuel Fuente Chávez como juez privativo de Secuestros
en sustitución de Valdivieso que pasaba a ocupar el Ministerio de Gobierno
y Relaciones Exteriores.
68
del tiemPo Peruano al tiemPo de bolívar
69
“LA SUERTE ESTABA ECHADA”.
EL CAMINO HACIA AYACUCHO
El 20 septiembre 1822 se instalaba en Lima el Congreso Constituyente en
una ceremonia a la que asistía San Martín, quien inmediatamente abandona-
ría el Perú. El Congreso decidía ejercer conjuntamente los poderes legislativo
y ejecutivo hasta que se sancionara la Constitución, y designaba a tres de sus
representantes para integrar la Junta Gubernativa.
70
El tiempo peruano se
iniciaba con una actitud de exibilidad hacia los españoles, que se quebraría
a lo largo de 1823 en relación con las victorias militares de los realistas que
todavía controlaban la sierra central y sur. Los poderes patriotas decidieron
pasar a la ofensiva y entre nales de 1822 y mediados de 1823 organizaron
dos expediciones que fueron derrotadas, con las consiguientes consecuen-
cias políticas. Debido al fracaso de la primera, la Junta Gubernativa se disol-
vía el 28 de febrero de 1823 y era nombrado presidente de la República José
de la Riva-Agüero que tras la derrota de la segunda sería depuesto el 23 de
junio y sustituido por Torre Tagle. Ambos, como se ha puesto de maniesto,
tenían experiencia previa en la conducción de la política hacia los españoles,
en la que se mostraron particularmente inexibles.
71
67. Firmado por Torre Tagle, por orden SE. B. Monteagudo. Gaceta del Gobierno, Ibíd.,
18 de mayo de 1822, t. 2, n.º 40.
68. AGNP, sección Hacienda, OL 32-139.
69. Por tiempo peruano se entiende el lapso comprendido entre la salida de Lima de
San Martín, a nales de septiembre de 1822, y la llegada de Bolívar, el 1 de septiembre de
1823. En ese espacio gobernaron la república una Junta Gubernativa y dos presidentes:
José de la Riva-Agüero y José Bernardo Torre Tagle.
70. El mismo día se hacían públicos los nombres de sus integrantes: José La Mar,
Felipe Antonio Alvarado y Manuel Salazar y Baquíjano, conde de Vista Florida. Quirós,
Colección de leyes…, vol. 1, 257-258.
71. Para el tránsito de Riva-Agüero a Torre Tagle véase Basadre, Historia de la Repúbli-
ca…, t. I, 28. O’Phelan, “Sucre en el Perú…”, 394-395; Paniagua, Los orígenes del gobierno…,
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En los primeros compases de esta convulsa etapa, varias medidas les
atendieron especícamente. Con motivo de su instalación, el Congreso con-
cedía amnistía a “los americanos y españoles, cuyos procesos sobre sedición
e indencia estén pendientes”, y encomendaba a la Junta Gubernativa que
resolviera.
72
No solo, además se les daba la posibilidad de que una vez con-
cluida la guerra regresaran al Perú: “A los españoles queda abierta la puerta
para regresar concluida la guerra. Tendrálo entendido la Junta Gubernativa
y dispondrá lo necesario a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar
y circular”.
73
El 28 de noviembre 1822 la Junta precisaba algunas cuestiones relacio-
nadas con la naturalización y ciudadanía de los extranjeros, con mención
expresa a los españoles. Competía al entonces ministro y antes juez de Se-
cuestros, Valdivieso,
Dar el curso a los expedientes de naturalización y ciudadanía de extranjeros,
y especialmente de españoles, cuya atribución corresponde exclusivamente al
Soberano Congreso por su grande importancia y utilidad que resulta igualarse a
los hijos del país. Declara que solo a él compete el conocimiento y resolución de
dichos expedientes, y que cesando la Alta Cámara en su sustanciación podrán
ocurrir los interesando a los jueces de primera instancia.
74
Después las medidas se ralentizaron. Las dos más contundentes respon-
dieron, como se ha mencionado, a acciones militares de los realistas. La de-
rrota de la segunda expedición de intermedios motivaba una orden de 8 de
febrero de 1823 de la Junta Gubernativa, antes de ser depuesta, que se aseme-
jaba a la de 20 de abril de 1822, aunque en esta ocasión no se planteaba ni la
conscación ni la pena de muerte y tampoco se creaba una instancia especial
como la Comisión de Vigilancia.
75
La segunda aproximación de Canterac a
Lima (que la ocuparía entre el 18 de junio y el 16 de julio) provocaba nuevas
actuaciones represivas, esta vez a través de una orden del presidente Riva-
Agüero de 13 de junio de 1823. Los paralelismos con la de 3 de septiembre
de 1821 eran notables. Igual que entonces los españoles que se encontraban
362-370. Para una síntesis reciente véase Víctor Peralta, “La vida política”. En Perú. Crisis
imperial e Independencia, ed. por Scarlett O’Phelan, 81-84 (Madrid: Fundación Mapfre /
Taurus, 2013).
72. Lima, 25 de septiembre de 1822. Gaceta del Gobierno, Ibíd., 28 de septiembre de
1822, t. 3, n.º 28.
73. Dado en la sala del Congreso de Lima a 30 de septiembre de 1822 y rmado por
Javier Luna Pizarro, José Sánchez Carrión y Francisco Javier Mariátegui. Ibíd., 9 de octu-
bre de 1822, n.º 31.
74. Ibíd., 4 de diciembre de 1822, n.º 47.
75. Ibíd., 8 de febrero de 1823, t. 4, n.º 12.
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en la capital debían acudir a La Merced, con excepción de los enfermos y los
que sirvieran en el ejército, siendo conducidos los que no cumplieran a la for-
taleza del Callao para ser expulsados.
76
Inmediatamente después de la salida
de Canterac, el gobernador interino de Lima, Tomás Guido, adoptaba el 17 de
julio de 1823 medidas drásticas. Todo el que tuviera en su poder bienes de los
enemigos –expresión que tomaba carta de naturaleza en los documentos–, o
de los emigrados, debía comunicarlo a la Comisión de Secuestros que se insta-
laba a tal efecto, integrada por Mateo Iramategui en calidad de juez y Nicolás
Mosquera en la de scal, que entendería en todo lo relativo a los bienes que se
embargaran “procurando proceder con la brevedad y justicación que exige
la materia”. Se conscarían todos los bienes del que no lo hiciera en el plazo
de 24 horas después de promulgado el decreto que, además, sería reputado
como enemigo del Estado. El que hubiera arrendado alguna nca o se hallara
viviendo en ella por disposición del gobierno enemigo o por contrato de algún
emigrado, lo debería comunicar en el mismo plazo bajo las mismas penas. El
que denunciara la existencia de artículos o propiedades en poder de alguien
que no diera el parte obligado, obtendría la mitad de su importe o un premio.
77
Para entonces, los españoles ya no constituían un peligro porque o bien
se habían integrado, habían emigrado o habían sido expulsados. Pero de
nuevo había que ocuparse de sus familias, y a ellas atendía un decreto de 7
de noviembre, que avanzaba en el de 16 de mayo de 1822. El presidente de la
República decretaba que se entregaran los bienes embargados a sus descen-
dientes, y a sus mujeres se les devolviera la dote y entregaran los gananciales
en caso de haberlos, y sino tuviesen dote ni gananciales ni medios para sub-
sistir, que se les asignara la cuarta marital por vía de alimentos. Se reconocía
por deuda nacional el valor de los bienes enajenados por el gobierno.
78
La Constitución de la República de 12 de noviembre de 1823 reformulaba el
sistema poderes, incluido el judicial. A instancias del juez de Secuestros, Manuel
de la Fuente Chávez, y puesto que habían sido extinguidos todos los demás
juzgados privativos, el 24 de diciembre se suprimía el Juzgado Privativo de Se-
cuestros y las causas pendientes pasaban a los juzgados de primera instancia.
79
LOS CAPITULADOS ENEMIGOS,
DE AYACUCHO AL CALLAO
Bolívar llegaba a Lima el primero de septiembre de 1823 convocado por
el Congreso. Entre sus prioridades no estaban los españoles que aún perma-
76. Ibíd., 14 de junio de 1823, n.º 48.
77. Gaceta del Gobierno de Lima Independiente, Ibíd., 19 de julio de 1823, t. 4, n.º 49.
78. Gaceta del Gobierno, Ibíd.,15 de noviembre de 1823, t. 5, n.º 30.
79. Ibíd., 24 de diciembre de 1823, t. 5, n.º 43.
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necían en los departamentos independientes que ya no eran una amenaza
para la República, lo que se muestra en la ausencia de legislación especíca
hasta comienzos de 1825. El Libertador tenía otros frentes abiertos a los que
atender, desde la situación de la retaguardia donde los países que conforma-
ban la Gran Colombia daban muestras de desacato hasta la inestabilidad en
el Perú, pasando por el ganar la guerra a los realistas que desde febrero a di-
ciembre de 1824 reocuparon Lima y el Callao por lo que tuvo que replegarse
al norte, razón por la que la Gaceta de Gobierno se editó en Trujillo.
80
La derrota de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824 sentenciaba el nal de
la presencia política y militar de España. En la Capitulación el teniente ge-
neral realista Canterac presentaba unas condiciones que le eran concedidas
en su totalidad o con modicaciones.
81
Varios artículos trataban del destino
de los españoles, distinguiendo entre militares y civiles. En cuanto a los pri-
meros, se acordaba que todos los integrantes del ejército podrían regresar a
la Península, corriendo a cargo del gobierno del Perú el coste del pasaje así
como el abono de medias pagas hasta que se les proporcionara un medio
transporte, pero no se les permitía ir a ningún territorio americano ocupado
por armas enemigas. Aquellos que lo desearan podrían ser admitidos en el
ejército peruano y los que quisieran trasladarse a otro país independiente
podrían hacerlo con sus familias y propiedades facilitándoseles el corres-
pondiente pasaporte. En cuanto a los civiles, no podrían ser molestados por
sus opiniones ni por haber hecho servicios a la causa del rey aquellos que
decidieran permanecer en el Perú, siempre que su conducta fuera la adecua-
da y cumpliesen las leyes. En términos más amplios cualquier individuo,
ya fuera europeo o americano, eclesiástico o civil podría trasladarse a otro
país con su familia y sus bienes. El Estado respetaría las propiedades de los
españoles que se hallasen fuera del territorio, de las que podrían disponer en
el plazo de tres años, y el mismo trato se daría a los americanos que tuviesen
intereses en la Península, siempre que no atentaran contra la independencia
de América. El artículo 11 disponía que la plaza del Callao fuera entregada
al ejército libertador en el plazo de veinte días. Sin embargo, el brigadier José
Ramón Rodil se negó a hacerlo e inició una resistencia de meses hasta enero
de 1826.
82
Erradicado el gobierno virreinal del Perú, a lo largo de 1825 la atención se
centró en construir el armazón político, administrativo, económico, y también
simbólico de la República. Continuó el secuestro de bienes de quienes abando-
80. John Lynch, Simón Bolívar (Barcelona: Crítica Grijalbo, 2006), 246-270.
81. Como es sabido, la capitulación la rmaban Antonio José de Sucre por los vence-
dores y José de Canterac por los vencidos, ya que el virrey La Serna se encontraba enfermo
y prisionero.
82. Gaceta del Gobierno, Ibíd., 1 de enero de 1825, t. 7, n.º 1.
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naban el Perú y particularmente de los que permanecían en el Callao, los capitu-
lados enemigos. El primer decreto de Bolívar tras Ayacucho era de 2 de enero de
1825 y declaraba fuera de la ley a los defensores del Callao. En las consideracio-
nes previas, el dictador insistía en que la capitulación de Ayacucho comprendía
la “rendición” de las fortalezas, y como su comandante Rodil se había negado
incluso a recibir al comisionado del virrey, quedaba separado del derecho de
gentes y se convertía en una “autoridad absolutamente aislada, arbitraria”.
83
El siguiente e inmediato paso lo daba el decreto de 5 de enero que orde-
naba el secuestro de las propiedades de todas las personas que se encontra-
ban en los castillos, que quedaban sujetas a la ley del derecho de guerra. Se
obligaba a que denunciaran los que tuvieran noticia de la existencia de bie-
nes que recibirían una cuarta parte de ellos y se embargaban los de aquellos
arrendatarios, apoderados, o encargados de bienes susceptibles de ser secues-
trados que no lo hicieran.
84
Para gestionar lo dispuesto, Bolívar reactivaba el
Juzgado de Secuestros. La Gaceta de Gobierno de 16 de enero daba cuenta del
nombramiento como juez de Miguel de la Fuente Pacheco, siendo depositario
Manuel de León y Valdivieso y escribano Manuel Suárez.
85
En el mismo nú-
mero se publicaban otros dos decretos que tenían que ver con el procedimien-
to. El primero, de 19 de diciembre de 1824, establecía que la Suprema Corte
de Justicia fuera la instancia superior; por el segundo de 11 de enero de 1825,
el dictador instalaba una Junta de Calicación formada por personas de la
administración civil, militar y eclesiástica que tendrían que velar porque los
empleos públicos fueran detentados por individuos de mérito.
86
El decreto de 5 de enero sería el referente de medidas posteriores. El 2 de
marzo, el ministro de Gobierno, Sánchez Carrión, acudía a él para claricar
y resolver denitivamente algunos supuestos. Los descendientes de los emi-
grados al Callao debían entregar al gobierno una quinta parte del valor de
sus bienes y sus ascendientes una tercera, los de los que no tuviesen herede-
ros pasaban al gobierno por vía de indemnización aunque se atendería a las
necesidades de los hijos naturales.
87
Para presionar al gobierno de Madrid a reconocer la Independencia, el
Consejo de Estado tomaba una “medida vigorosa” que se plasmaba en el
83. Firmaba el decreto José Faustino Sánchez Carrión. Ibíd., 6 de enero de 1825, t. 7,
n.º 2.
84. Ibíd., 13 de enero de 1825, t. 7, n.º 4.
85. Ibíd., 16 de enero de 1825, n.º 5.
86. La Suprema Corte de Justicia se estableció el 19 de diciembre de 1824 y tuvo ju-
risdicción en toda la República. Además, a nivel departamental, funcionaban las Cortes
Superiores de Justicia, la de Lima instalada el 30 de diciembre, y las de Cusco y Arequipa
el primero de febrero de 1825. Ibíd., 27 de febrero de 1825, t. 7, n.º 19.
87. Ibíd., 24 de marzo de 1825, t. 7, n.º 26.
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decreto de 17 de abril de 1825 por el que se conscaban los efectos de toda
clase pertenecientes a súbditos de España que se introdujeran en adelante en
la República, cualquiera que fuese el pabellón del buque donde se hallaran.
Cuatro meses después de su publicación se especicaba que serían declara-
dos “buena presa” todos los buques en que se encontrasen propiedades es-
pañolas de cualquiera especie y conscados sus cargamentos. El ministro de
Hacienda quedaba encargado de la ejecución.
88
Sin solución de continuidad,
otro decreto de 9 de mayo aclaraba que la conscación a que se aludía en el
de 17 abril se extendía a los buques en que se condujeran efectos españoles y
a todas las propiedades que en ellos se encontraran, los cuatro meses se pro-
longaban a ocho y por dominios españoles se comprendían los que estaban
bajo su gobierno en cualquier parte del mundo.
89
Desde la victoria de Ayacucho siguieron su curso los expedientes de se-
cuestros abiertos y siguió ejerciendo sus funciones el Juzgado de Secuestros,
que el 12 de agosto de 1825 recibía la orden de que, junto a los prefectos de
los departamentos, presentara un informe del estado de los procesos y las
cantidades que estaban revirtiendo al Estado, que necesitaba de todas las
fuentes posibles de ingresos para salir del estado decadente en que había
quedado como resultado de la guerra contra los españoles.
90
A lo largo de
1825 la normativa se polarizaba en Lima y en el sitio del Callao y en menor
medida se atendía a otros departamentos como el Cusco y Arequipa. El 24
de mayo el ministro de Gobierno se dirigía al prefecto del Cusco, Agustín
Gamarra, para revertir una situación de hecho, el que ociales españoles,
que conservaba aún las armas, así como otros empleados, ocupaban puestos
que solo podía designar el Libertador. Se les separaba inmediatamente del
servicio y se ordenaba que solo personas de conocido y acreditado patrio-
tismo y de honradez notoria pudieran detentarlos. En Arequipa el prefecto
Antonio Gutiérrez de la Fuente incoaba numerosos expedientes relativos a
los secuestros de los bienes de los españoles que partían desde sus puertos
así como a la solicitud de los preceptivos pasaportes.
91
La capitulación del Callao se rmaba el 22 de enero de 1826 en el cuartel
general de Bellavista. Según Rodil, a 31 de diciembre de 1824 la fuerza efec-
tiva de los españoles era de 3.003 hombres, y al capitular sumaban 870 entre
88. Se publicó por bando y lo rmaban Unanue y Heres, por orden de José María
Pando. Ibíd., n.º 35, Lima, jueves 21 abril de 1825. También en AGNP, sección Hacienda,
OL 113-16.
89. Gaceta del Gobierno, Ibíd., 12 de mayo de 1825, t. 7, n.º 43. También en AGNP, sec-
ción Hacienda, OL 113-21.
90. Gaceta del Gobierno de Lima, Ibíd., 14 de agosto de 1825, t. 8.
91. Informes de Gutiérrez de la Fuente rmados a lo largo de 1825. AGNP, sección
Hacienda, OL, Juzgado de Secuestros y Papeles Particulares (PL).
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veteranos, combatientes, tocados de escorbuto y sanos, a los que había que
sumar obreros, milicianos y fagineros, convalecientes y tambores de menor
edad.
92
La Capitulación seguía el formato de la de Ayacucho, en el sentido de
que los sitiados hacían proposiciones que eran aceptadas por los sitiadores,
en su caso con modicaciones. Se abría con la concesión de amnistía a los
individuos de cualquier clase, sexo o condición, civiles, militares y eclesiás-
ticos “cualquiera que hubieran sido sus servicios al Rey”. En comparación
con la de Ayacucho, los militares concitaban la mayor atención. Se concedía
que los jefes, ociales y empleados que lo desearan pudieran volver a la Pe-
nínsula en un transporte inglés corriendo el pasaje a cargo del gobierno de
la República, siempre que el número de empleados que les acompañaran no
pasara de tres. Se pagaba el trayecto hasta el Janeiro a la tropa de los cuerpos
expedicionarios de la Península, pero no a los americanos hasta las provin-
cias de las que eran oriundos. Se permitía que la fragata de guerra ingresa
Briton arribara a la bahía del Callao y recibiera los equipajes de los capitu-
lados una vez que se raticara la capitulación y fueran inspeccionados. Solo
entonces los jefes, ociales, tropa y gente de mar pasarían a bordo.
El gobierno del Perú, una vez que se raticara el tratado, proveería de
la suma necesaria para el pasaje de todos los ociales y demás individuos
comprendidos en la relación que el comisario del ejército sitiador debía con-
trastar, que elegirían la bandera de su transporte. Los sitiados podrían llevar
lo que valiera la mitad de sus alhajas y dinero, incluido el servicio particular
de plata. El gobernador, jefes y ociales podrían conservar el uniforme y
espada, y acompañarse de los asistentes que les correspondieran y de sus
criados, y Rodil podría portar sus papeles reservados y protocolos para dar
cuenta al Rey. Los capitulados no podrían marchar hasta que el ejército si-
tiador no tomara posesión de las guarniciones, y la raticación se haría en la
misma plaza debiendo el gobernador presenciar la entrega. Los prisioneros
de guerra quedarían en libertad tras la raticación. Los heridos y enfermos
que no estuvieran en situación de viajar o navegar serían alimentados y cu-
rados por cuenta de la República y, una vez restablecidos, disfrutarían de las
mismas condiciones que los sanos. El pueblo del Callao no sería vejado, ni
se le exigiría más contribuciones que a cualquier individuo de la República.
Se aceptaba que a los jefes, ociales y tropa y a los empleados que se
quedaran en el país se les concediera por cuenta del gobierno pasaporte o
licencia para regresar a sus domicilios o adonde decidieran, pero si querían
92. José Ramón Rodil, Memoria del sitio del Callao. Edición y notas de Vicente Rodrí-
guez Casado y Guillermo Lohmann Villena (Sevilla: Escuela de Estudios Hispanoameri-
canos, 1955), 296-297, 17. No proporciona datos dedignos sobre la población civil, pero
avanza en cuanto a que cuando se produjeron las derrotas de Junín y Ayacucho, el Callao
estaba en pleno deterioro, con una población y un pueblo que llegaba a 9.000 almas.
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permanecer en el ejército no se les reconocería sus graduaciones. Se aplicaba
el decreto de 2 de marzo de 1825 a los eclesiásticos y civiles en cuanto a la
conservación de haciendas y propiedades que tuvieran fuera de la plaza. Y
de nuevo los vencedores remitían a ese decreto cuando los sitiados solicita-
ban que se les concediera seis meses para vender sus bienes raíces, y que se
les permitiera retirarse con sus familias al país que eligieran. Ya se introducía
la complicada cuestión de la deuda cuando la República del Perú se negaba
a reasumir los créditos y débitos contraídos por los realistas desde que toma-
ron posesión de las fortalezas el 29 de febrero de 1824.
El Juzgado de Secuestros era suprimido el 21 de diciembre de 1826 por
Andrés Santa Cruz, gran mariscal de los ejércitos nacionales y presidente
del Consejo de Gobierno de la República peruana, porque la Constitución
política del Estado de primero de julio abolía todos los juzgados privativos
de ramos particulares. Pero no se detenían los procesos en curso y los autos
pendientes pasaban a los juzgados de derecho a elección de los interesados.
93
balanCe
La política hacia los españoles no fue errática. Un seguimiento de procla-
mas y bandos, resoluciones y órdenes, leyes y decretos, muestra que hubo en
los gobiernos patriotas una lógica que atendió a dos criterios generales. Por
un lado a la dinámica independentista, que no fue lineal y que permite dife-
renciar etapas desde las primeras proclamas moderadas de San Martín hasta
las secuelas del sitio del Callao que terminó en enero de 1826. Por otro, a la
de los españoles, porque algunas de las disposiciones más radicales fueron
reacción a movimientos militares de los realistas. También fueron respuesta
al incumplimiento de las leyes por parte de españoles que permanecieron en
el Perú y a la crueldad que algunos ociales ejercieron hacia los patriotas en
los territorios que dominaban. En los numerosos expedientes de expulsión
y de secuestro de bienes se remite a normas y a instancias, que es necesario
desentrañar para entender los procesos. El artículo ha presentado e inter-
pretado lo que fue el entramado normativo en que se desarrolló la política
hacia los “españoles” así como los mecanismos que se implementaron para
ejecutarla, en una trayectoria que basculó desde la conciliación inicial de San
Martín, aún antes de desembarcar en el Perú, hasta los términos de la capi-
tulación del Callao en enero de 1826.
93. Dado en el Palacio del Supremo Gobierno de Lima el 21 de diciembre de 1826.
El secretario de Estado encargado de la sección de Justicia, José María de Pando. Quirós,
Colección de leyes…, t. 2, 404.
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En los años de la temprana República las posibilidades de acercamien-
to entre el Perú y España se vieron lastradas por problemas no resueltos.
Todavía una disposición de 19 de enero de 1847 establecía que los bienes
secuestrados no podían ser devueltos a sus dueños o representantes sin que
precediera un tratado con la antigua metrópoli. Los daños y perjuicios sufri-
dos por los españoles, así como la cuestión de la deuda, planearon hasta bien
entrado el siglo XIX, incluso después de la rma del Tratado de París de 14
de agosto de 1879 por el que se restablecían las relaciones ociales.
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